Nuestro Congreso de la República, a través de la Ley 1437 de 2011, establece el procedimiento de la administración pública y el relativo a la actividad contenciosa; y entre su articulado, ratifica y posiciona la petición como derecho para relacionarnos con el Estado, y lo concreta en el artículo 5, al indicar: “Derechos de las personas ante las autoridades. Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente o por escrito, o por cualquier otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado (…)”